El Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata tuvo una activa participación en un juicio abreviado

Foto: Gentileza Diario La Gaceta

En un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOCF) condenó a cinco años de prisión a una pareja por trata de personas con fines de explotación sexual. Una mujer y un hombre fueron hallados culpables de haber captado y engañado a tres mujeres con la finalidad de explotarlas sexualmente en un prostíbulo de su propiedad desde febrero de 2020 hasta el 23 de septiembre de ese año, cuando el local fue allanado.

En la causa intervino la Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, a cargo de Pablo Camuña, que acordó el abreviado con el Ministerio Público de la Defensa, en lo que fue el noveno juicio por trata de personas concluido en la provincia.

El programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Gabriel Yedlin, brindó asistencia y acompañamiento a las víctimas del delito desde el inicio de la investigación en mayo de 2020 hasta la sentencia.

La investigación fue desarrollada en la etapa de instrucción bajo la dirección de la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Carlos Brito, con el apoyo de la oficina local de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y las tareas de campo estuvieron a cargo de la División Unidades Operativas Especiales de la Policía Federal Argentina.

Conforme se acreditó durante esta etapa, las personas imputadas eran propietarias de un prostíbulo ubicado en zona sur de la capital tucumana, el cual funcionaba bajo la fachada de una casa de masajes. Allí se les ofrecía a los prostituyentes los servicios sexuales de las víctimas, que también se difundían a través de avisos en diferentes paginas web y redes sociales.

Tras el peritaje del material tecnológico secuestrado durante el operativo, se corroboró además que los condenados eran los dueños del negocio, y que la casa de masajes era una fachada para simular los servicios de índole sexual que se llevaban a cabo en el lugar. Se advirtió también que el abuso de la situación de vulnerabilidad se ha dado en todos los tramos de la relación de las personas imputadas con las víctimas, desde su captación a su posterior explotación.

A la condena se arribó a través del mecanismo de juicio abreviado, en el marco del cual las partes acordaron la pena privativa de libertad. Asimismo las víctimas expresaron su conformidad con el acuerdo, que incluyó el pago de 1 millón de pesos a modo de reparación por los padecimientos sufridos durante el periodo de explotación.

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