Titulares de programas sociales realizaron diversas denuncias referidas a las obras sociales que les corresponden como beneficiarios, ya que muchos fueron cambiados a otras sin consentimiento e incluso algunas personas quedaron sin cobertura.
Para atender esa grave situación, a la que el ministro de Desarrollo Social Gabriel Yedlin calificó de estafa, se firmó un acta con la Superintendencia de Salud de la Nación (delegación Tucumán) mediante la cual se dará asesoría a los y las titulares que hayan tenido inconvenientes de esta índole.
El órgano establece la regulación de las obras sociales y sindicales a nivel nacional.
En la ocasión, además de Yedlin, estuvieron el subsecretario de Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, Guillermo Socolsky, y la delegada de la Superintendencia en Tucumán, Elizabeth Ávila.
“Detectamos un problema muy alarmante que tiene que ver con una estafa y un robo de identidad a muchas mujeres de programas sociales sin que ellas hayan podido optar voluntariamente por un derecho que ellas tienen respecto de las obras sociales. Las cambiaron de obra social e incluso a muchas las pusieron en obras sociales que ni siquiera están en Tucumán” denunció el Ministro.
Luego explicó que la situación es aún más alarmante teniendo en cuenta que las damnificadas con mujeres a cargo de familias, muchas con menores u otros familiares con discapacidad, otras con patologías graves o tratamientos oncológicos que dejaron de recibir el financiamiento para su cobertura de salud.
A raíz de estas situaciones y de la firma del convenio, se habilitó una oficina de atención en el Predio Ferial que trabajará en la orientación y asesoría en cada caso.
“Son situaciones que las vamos a revertir porque se tratan de una estafa” enfatizó Yedlin.
Además, comentó que el gobernador Juan Manzur dio el aval para realizar las denuncias y advirtió a los beneficiarios y las beneficiarias que es un derecho de ellos elegir la obra social que deseen dentro de las que están incluidas en el marco de los programas sociales.
Por su parte, Socolsky resaltó que siempre la premisa es cuidador a los y las titulares de los programas sociales y manifestó que “en este marco comenzamos a notar que las consultas sobre cambios en las obras sociales por parte de las titulares se volvieron frecuentes. Prestaciones a las que ellas accedían o derechos que tienen al hacer aportes para la obra social se perdieron y en muchos casos fueron cambiados o dadas de baja en la obra social. Por este motivo y para dar solución a los problemas, se recurrió a la Superintendencia”.
Ávila, en tanto, expresó: “Les hicimos conocer los derechos que tienen los afiliados y las afiliadas. De este modo ponemos a disposición nuestra sede de la delegación de Salud de la Nación para que tengan el conocimiento sobre situaciones conflictivas que puedan existir entre la obra social y sus afiliados: ejemplo, que la obra social se niegue a proveer medicamentos”.
“En este marco estamos dando a conocer cómo son los trámites y cómo vamos a trabajar de manera coordinada entre el Ministerio y la Superintendencia para dar respuestas a las personas afectadas”, sentenció.
