Tal como lo estableció el Tribunal Oral Federal de Tucumán, en el marco de la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se puso a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAyF) del Ministerio de Desarrollo Social, un inmueble que fue decomisado por el delito de trata de personas.
Teniendo en cuenta que la Secretaría, que coordina Guadalupe Casas, se constituye como punto focal en la red nacional conformada por el Estado Nacional para reprimir el delito y adoptar las medidas necesarias en cuanto a la contención de las víctimas, es que se dispuso la entrega del inmueble.
Al respecto, la referente del Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas que funciona bajo la órbita de la SENAyF, Gilda Zurita, explicó: “Nos complace enormemente esta disposición judicial, ya que consideramos que es un antecedente de gran valor en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de los equipos de asistencia que trabajamos juntos ellos”.
“Es la puesta en valor y la transformación social, cultural y política de un espacio que está vez será destinado a la lucha y a la asistencia de muchísimas personas damnificadas por este delito”, concluyó.
Sobre el proceso judicial
En 2015, mediante juicio oral y público, se condenó a una organización criminal responsable del delito de trata de personas, cuyos responsables, se dedicaban a la captación, traslado, acogida y explotación de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad empleando violencia e intimidación sobre las víctimas.
A partir de esta instancia, se emitió la sentencia que habilitada el embargo de la propiedad, tal como el marco legal vigente lo indica. Durante las audiencias, las victimas de identidad reservada pudieron brindar su declaración testimonial mediante el acompañamiento psicosocial de profesionales del Programa de Asistencia Integral.
