El personal de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Tucumán tuvo su primera jornada de capacitación en el marco de la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela. La formación brinda contenidos sobre derechos de mujeres y diversidades; cómo identificar la violencia de género, la Ley de Identidad de Género; buenas prácticas de implementación en políticas públicas, procedimientos en caso de violencia contra la mujer, entre otros.
El encuentro virtual fue encabezado por la directora de Promoción y Protección de Derechos de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Florencia Villagra; y Martín González, abogado especializado en Derecho y Género, coordinador de la capacitación Ley Micaela en el Poder Ejecutivo. En la oportunidad se pudo contar con la participación de trabajadores y trabajadoras de la SERI que mostraron interés en las temáticas abordadas y con predisposición a participar.
El licenciado Mariano Fernández, responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Tucumán, celebró el espacio de intercambio y aprendizaje sin dejar de marcar la importancia de incorporar estas acciones a las políticas públicas.
Entre los temas abordados en este primer de cuatro encuentros se destacan la importancia de la perspectiva de género en las prácticas del Estado, los derechos de las mujeres y diversidades y el marco legal que garantiza estos derechos en Argentina.
A este encuentro se sumó además material de formación generados por la Iniciativa Spotlight, que promueve políticas públicas destinadas a la promoción, desarrollo y restitución de los derechos en materia de género, igualdad y diversidad.
Ley Micaela
La ley 27.499 fue promulgada el 10 de enero de 2019, y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Esta ley lleva el nombre de una víctima de femicidio, Micaela García, de 21 años de edad, militante del Movimiento Evita y también del movimiento “Ni Una Menos”. El femicidio fue perpetrado por una persona condenada con una pena de prisión perpetua por la violación de dos mujeres, ocurrido anteriormente a la violación seguida de femicidio de Micaela, mientras que se encontraba con el beneficio de libertad condicional.
La conmoción social del hecho y la violencia institucional que develó, en el marco de las movilizaciones del “Ni Una Menos” y debates emergentes como producto de las luchas sociales y cambios socioculturales, dieron fuerza a demandas históricas que exigían reconfiguraciones con fuerte dimensión institucional, que pusieran en primer plano la necesidad de capacitación en perspectiva de género a los organismos del Estado y a todas las personas que lo conforman en sus distintos niveles y jerarquías.
La Ley Micaela se aplica en Tucumán mediante el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Gobierno y Justicia, además del Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia de Género.
