Con motivo de celebrarse hoy 15 años de la puesta en vigencia de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se realizó a través de la plataforma zoom, una sesión especial del Consejo Federal del área, que estuvo presidido por el secretario nacional, Gabriel Lerner.
Por Tucumán, en representación del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Gabriel Yedlin, participaron la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Lorena Málaga y la directora del área, Mariana Cirelli.
Participaron representantes de todas las provincias y se emitió una declaración en conmemoración de la sanción de la norma.
Además, evaluó avances y desafíos en la implementación de la Ley de Protección Integral y aprobó el acta de implementación del Registro Único Nominal (RUN).
La sesión fue inaugurada por Lerner, quien destacó el apoyo unánime de todas las provincias al documento firmado y luego abrió un espacio de intercambio para dialogar sobre los procesos de cambios que estamos atravesando y hacia dónde priorizar los esfuerzos en el tiempo por venir en materia de políticas de infancia y adolescencia.
En el contexto de la pandemia mundial por COVID19, el Consejo llamó la atención en el acta del día, sobre “las desigualdades de los hogares en materia de ingresos, conectividad, clima educativo o condiciones de la vivienda han incidido fuertemente en el acceso de las infancias a sus derechos, por lo que los padecimientos han sido y son desiguales”. En ese sentido, el documento conjunto señala las acciones realizadas por las áreas de niñez gubernamentales –nacionales, provinciales y municipales- para proteger los derechos de niñas, niñas y adolescentes.
El Consejo se comprometió a “incorporar con más fuerza y amplitud la escucha de las y los chicos, incorporando sus sentires, sus puntos de vista y sus propuestas como un insumo ineludible para la elaboración y ejecución de políticas, planes y programas que incidan en sus derechos e intereses”. Y señala en el documento que “los chicos y chicas, y muy especialmente las y los adolescentes, han sido protagonistas activos del esfuerzo colectivo de la prevención y el cuidado. Sus voces deben ser particularmente jerarquizadas en el camino de retorno a las escuelas, prioridad de primer orden y desafío fundamental que afrontaremos con el esfuerzo de las familias, las comunidades y los Estados”.
“Los 15 años de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061 son un motivo de celebración, la norma ayudó a resolver muchos problemas que afectan a los chicos y chicas de nuestra patria. Es también un momento de reflexión, para identificar y reconocer los profundos desafíos que enfrentamos. Es, finalmente, una oportunidad para ratificar nuestro compromiso: trabajar incansablemente para lograr que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en la República Argentina accedan a todos los derechos que les reconoció la Ley N° 26.061”, señala el documento conjunto.
Registro Único Nominal
El Consejo suscribió a su vez un acta para construir un sistema de información consolidado de las intervenciones realizadas con niñas, niños y adolescentes por las áreas de niñez de todo el país y así ofrecerá datos relevantes para la toma de decisiones, para el diseño, planificación, monitoreo y evaluación de las políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
El RUN -Registro Único Nominal nacional- relevará información de las medidas de protección integral, las medidas de protección excepcional, las medidas penales juveniles e intervenciones de la línea 102. La implementación del RUN se propone como un paso adelante para el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos a nivel local y la jerarquización del trabajo realizado en cada área de niñez en particular. También es un aporte para la generación de acuerdos y definición de lineamientos de trabajo en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.
El Consejo Federal –que fue creado por la Ley 26.061 y entró en funciones en 2007-, convoca a todas las jurisdicciones para establecer acuerdos interjurisdiccionales para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a las infancias y adolescencias.
