Un equipo encabezado por la referente del programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social, Gilda Zurita, participó durante la lectura de la sentencia donde condenaron a dos personas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en nuestra Provincia.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), presidido por el Dr. Gabriel Eduardo Casas e integrado por los jueces Dr. Jiménez Montilla y el Dr. Basbus, condenó a Walter Alfredo Ayala a la pena de 12 años de prisión por ser autor responsable y a Alejandra Beatriz Galván a la pena de 5 años de prisión por ser partícipe secundaria.
Los jueces consideraron el agravante de que una de las víctimas se encontraba embarazada y era menor de edad al momento de los hechos.
Al respecto, Zurita expresó: “Este juicio nos movilizó mucho, ya que venimos acompañando a las chicas desde un comienzo, y hoy queríamos estar junto a ellas, que decidieron venir todas juntas y presenciar la lectura de la sentencia. Si bien nunca antes habían vuelto a verse desde el allanamiento, nos venían manifestando que querían presenciar la audiencia. Ellas ahora se sienten mucho mejor, producto de un proceso de contención y cuidado por parte del Estado”.
Cabe mencionar que el Programa de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas, dependiente de la Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, participó de la medida de allanamiento, junto a personal de las Fuerzas Federales Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a los fines de proceder al rescate y acompañamiento de las cinco víctimas, que desde entonces y hasta la fecha recibieron la debida asistencia integral e interdisciplinaria por parte del mencionado Programa de la cartera social.
Acerca de la temática
El delito de Trata de Personas constituye uno de los más graves flagelos existentes en nuestra sociedad. Vulnera de la manera más profunda los Derechos Humanos, atentando directamente contra la dignidad de las personas afectadas.
A partir de la Ley 26.364, de Prevención, Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y su modificatoria, Ley 26.842, se constituyen organismos específicos destinados a proporcionar asistencia directa y protección a los derechos de las víctimas, entre los cuales se destaca a nivel provincial el Programa de Asistencia Integral a Víctimas de Trata.
